Por: Alfonso Baella Herrera
El Ministerio de Salud ha suscrito un convenio con Cuba para importar 48 médicos que se desempeñarán
como expertos y/o voluntarios en diversas áreas y recibirán una
retribución de S/.5 mil mensuales (US$1,785) además de gastos de
instalación, movilidad y alimentación. Este hecho ha
despertado la
suspicacia, por un lado, y la protesta, por otro, del gremio médico
nacional y de varias asociaciones de galenos peruanas. No les falta
razón.
El periódico Gramma,
órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista Cubano, publicó
el 25 de Marzo de este año una nota ( http://bit.ly/1pC8ozA
) en la que Yilian Jiménez Expósito, directora general de la
Comercializadora Servicios Médicos Cubanos S.A. revela que “131,933
profesionales de la salud han brindado su colaboración a otras
naciones”. Pero Gramma dice algo más: “La venta de servicios
profesionales -fundamentalmente médicos- a Venezuela, Brasil, y otros 50
países de América Latina, África y Medio Oriente, constituye la primera
fuente de ingresos de la isla y este año aportará un récord de 8,200
millones de dólares, según el gobierno”.
En Brasil, por ejemplo,
24 médicos cubanos han abandonado ya este programa y se han refugiado en
otros países. El nefrólogo cubano Ortelio Jaime Guerra se conectó a
Internet apenas llegó a Brasil a finales de noviembre del año pasado. A
los pocos días creo una página en Facebook ( http://on.fb.me/PaaPOH ), cosa que no se puede hacer en cuba, y luego anunció que estaba bien pero en Estados Unidos.
Como es bien sabido, Cuba cobra por cada médico, pero sólo le paga a
este entre el 10 a 20% de la remuneración; el resto es para financiar
“la revolución”.
Siete médicos y un enfermero cubanos demandaron a
Cuba, Venezuela y a la empresa estatal petrolera de este último país,
PDVSA, por presunta conspiración para obligarles a trabajar en
condiciones de “esclavos modernos”, como pago por la deuda cubana con el
Estado venezolano por suministro de petróleo.
Las deserciones de
cubanos se repiten en Venezuela donde, según la ONG Solidaridad Sin
Fronteras, cerca de 3.000 profesionales, la mayoría médicos, abandonaron
el año pasado los programas sociales, conocidos en ese país como
«misiones». Entraron como médicos a “trabajar” pero optaron por algo más
importante: su libertad.
En nuestro país el MINSA deberá
explicar la verdadera naturaleza y, sobre todo, la justificación de este
convenio. Debe responder también sobre cuál es el estatus laboral,
civil y/o diplomático de estos supuestos “profesionales". Los médicos
peruanos merecen por parte del estado respeto y los ciudadanos la
verdad. Nuestro país, por lo demás, no puede ni debe promover ningún
tipo de esclavitud de bata blanca y menos para beneficio de una nación
que no respeta ni la libertad ni la democracia.
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